Inseguridad, Crímenes y Violación a Derechos Humanos en Guatemala, preocupa a la CIDH

Un indígena guatemalteco enciende un inciensario durante un funeral, luego de una masacre en Guatemala.


José Emilio Castellanos
Washington DC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los hechos recientes acaecidos en Guatemala, donde fueron asesinados tres congresistas salvadoreños, han recrudecimiento las acciones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, funcionarios del Estado han sido acusados de estar involucrados en hechos de crimen organizado, y reina la impunidad.

Para la CIDH, todo ello evidencia de la necesidad de sanear y fortalecer las instituciones democráticas para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos.

La declaración se produjo a través de un comunicado dado a conocer hoy, en base al material recogido durante su 127º período ordinario de sesiones, efectuada recientemente en ésta ciudad.

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Defensoras y defensores de Derechos Humanos
En su declaración, la CIDH señala que ha sido informada, tanto por la sociedad civil como por altos funcionarios del Estado, que durante los últimos meses se ha generado un recrudecimiento de los ataques en contra de las defensoras y defensores, incluyendo asesinatos, amenazas y graves actos de violencia, hostigamientos y robo de materiales de trabajo. Uno de los factores mencionados como motivo del incremento de la violencia contra defensoras y defensores es su participación en las causas judiciales por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Más adelante la CIDH reitera ¨el deber del Estado de adoptar todas las medidas que sean necesarias para remover los ataques u obstáculos que dificulten la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. En este sentido, es de fundamental importancia y prioridad que el organismo encargado de investigar dichos ataques realice una función eficiente con el objeto de sancionar a los responsables y evitar con ello que se continúen produciendo hechos como los descritos¨.

Asesinato de diputados salvadoreños y Cárcel de Alta Seguridad “El Boquerón”
El 19 de febrero de 2007 fueron asesinados en Guatemala los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y miembros de la Alianza Republicana Nacionalista: William Pichinte, Eduardo D´Aubuisson, José Ramón González, y el chofer Gerardo Napoleón Ramírez.

Posteriormente, el 21 de febrero de 2007, fueron capturados como presuntos responsables de tales ejecuciones: Luis Arturo Herrera López, jefe de la sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil (PNC); el oficial José Korki López Arreaga; y los agentes José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, todos la DINC. Tres días después, el 25 de febrero, los policías fueron degollados y acribillados mientras se encontraban en una prisión de alta seguridad denominada “El Boquerón”.

¨La Comisión Interamericana, ante estos hechos, y con el fin de contribuir a la protección de la vida de posibles testigos sobrevivientes y a la preservación de pruebas y evidencias sobre los hechos, decretó recientemente medidas cautelares para proteger la vida de una persona que está en prisión porque presuntamente estaría involucrada en los hechos del 19 de febrero¨.

¨Es de suma preocupación la información recibida que vincularía a la PNC en estos graves hechos y en actividades de crimen organizado y otras acciones delictivas. Asimismo, preocupa la información recibida que indica que los graves crímenes cometidos en la prisión del Boquerón difícilmente podrían haber sido realizados sin contarse, al menos, con la tolerancia o aquiescencia de algunos agentes del Estado¨.

¨Es fundamental que el Estado realice todas las acciones necesarias para investigar estos crímenes e identificar y sancionar a los responsables, y tomar las medidas urgentes que sean necesarias para sanear la institución policial y garantizar la imparcialidad y objetividad de las investigaciones¨.

En el año 2003 la Comisión expresó su profunda preocupación por la tendencia observada en la Policía Nacional Civil de convertirse en la principal responsable de las más graves violaciones a los derechos humanos, y afirmó que: “[e]stas prácticas, que violan diversos derechos consagrados en la Convención Americana y pueden acarrear responsabilidad internacional del Estado, aumentan la distancia y desconfianza existente entre las fuerzas policiales y los ciudadanos y contrarían los principios democráticos en base a los cuales se sustituyó a la antigua Policía Nacional por la PNC.”

Comisión Interamericana falla contra el Estado venezolano

José Emilio Castellanos
Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió un recurso a favor de los periodistas, trabajadores y directivos de Radio Caracas Televisión, en una demanda formulada contra el Estado venezolano por violación de derechos a la libertad de expresión, integridad personal, garantías judiciales, debido proceso y protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La demanda fue presentada contra el Estado venezolano por Radio Caracas TV, quien alegó la existencia de “distintas y sistemáticas agresiones personales y morales, ataques, amenazas y atentados graves perpetrados contra los periodistas, trabajadores y directivos” de esa planta televisora.
La Instancia interamericana responsabilizó al Estado y a sus funcionarios por "violaciones a la Libertad de Expresión y a la integridad personal de los trabajadores de RCTV", ya sea por acción, por consentimiento o por omisión de protección, incluyendo todas aquellas agresiones perpetradas por grupos para-estatales vinculados o partidarios del oficialismo.
En el fallo, la CIDH le fijó un plazo de dos meses al Ejecutivo para que atienda sus requerimientos, so pena de acudir a la Corte Interamericana, instancia facultada para condenar al Estado a cancelar indemnizaciones y adoptar cambios en el ordenamiento jurídico interno.
En el 2002 la Comisión, y posteriormente la Corte, le solicitaron a las autoridades venezolanas que se investigara y enjuiciara a los responsables de los ataques a varios periodistas y le exigieron al Gobierno que condenara cualquier agresión contra los profesionales de los medios de comunicación.
El 28 de Diciembre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que su gobierno no renovará la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), canal que mantiene una línea crítica en sus espacios informativos.
De acuerdo a esa decisión, el canal de televisión deberá cesar en sus operaciones el segundo trimestre de 2007.
"Vayan buscando otra cosa que hacer, señores de RCTV", dijo Chávez durante un acto de saludo de fin de año en una instalación militar.
"Pueden ir apagando los equipos, ya está redactada la medida, no se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo y en contra del pueblo, de la nación", expresó Chávez.
La renovación de la concesión es una facultad del Poder Ejecutivo, de acuerdo al ordenamiento legal venezolano, que reserva al Estado la administración del espectro radioeléctrico.
Radio caracas TV nació en 1953, poco después de la Televisora Nacional y Televisa (Venezuela). El 16 de noviembre de 1953, salió al aire el primer noticiero regular de televisión en Venezuela, "El Observador Creole", el cual estuvo en pantalla casi 20 años. Radio Caracas TV también fue pionera en la telenovelas y trasmisiones a remoto, con la Serie Mundial de Béisbol amateur, en un encuentro entre Cuba y Venezuela.

Al menos 105 Periodistas Asesinados en el 2006

México tiene el mayor número de periodistas asesinados, después de Irak.

José Emilio Castellanos
Washington

El 2006 ha sido el año más mortífero para la prensa, con al menos 105 periodistas asesinados durante el ejercicio de su profesión o por expresar sus opiniones, reveló la Asociación Mundial de Periódicos, a través de un comunicado.

Por su parte el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Ignacio J. Alvarez, reveló que 2006 fue un año especialmente difícil en materia de libertad de expresión en el Continente americano.

El representante de la OEA precisó que en el 2006 se elevó el número de periodistas asesinados cuando cumplían sus funciones de informar, y que en distintos países de la región existe una tendencia creciente en la utilización de medios indirectos para coartar la libertad de expresión.

El Relator expresó su preocupación ante el aumento en la violencia física contra periodistas, que en su forma más brutal se manifestó en homicidios y desapariciones relacionados aparentemente con el ejercicio del periodismo. A esto se suma la lentitud en las investigaciones policiales y procesos judiciales respecto a los homicidios de periodistas perpetrados en la región en los últimos años, que en general conduce a que éstos queden en la impunidad y propicia su eventual recurrencia.

Por su parte la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) reveló que en el 2006 fueron detenidos al menos 871 periodistas, 1.472 fueron agredidos o amenazados y 912 medios de comunicación censurados.

De igual manera, al menos 56 periodistas fueron secuestrados en 2006 en una decena de países. En Irak seis periodistas fueron ejecutados por sus raptores, siendo éste el país más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación, según RSF. En el 2006 unos 64 periodistas o colaboradores de medios encontraron la muerte en Irak, para un total de 139 periodistas muertos desde el comienzo de la guerra, en 2003, más del doble que en los 20 años de la guerra de Vietnam (1955-1975).

En el 2006 nueve periodistas perdieron la vida en México porque "investigaban sobre los narcotraficantes o cubrían movimientos sociales violentos", siendo éste el segundo país más peligroso para los periodistas, por delante de Colombia. indicó RSF, al mencionar la muerte a tiros de un camarógrafo estadounidense en Oaxaca el pasado octubre y la del director del mensual "Dos Caras, una verdad", especializado en información sobre los asesinatos no esclarecidos y el tráfico de drogas, el pasado agosto en Chihuahua.

Entre los 16 periodistas asesinados en el Continente americano hubo tres en Colombia. Los otros casos se registraron en Brasil, Venezuela, Guatemala y Ecuador. En el Continente hubo 65 detenidos, 476 agredidos o amenazados y 74 medios censurados.

A nivel mundial, el Oriente Medio y el Magreb constituyen las regiones con más muertos, con una cifra superior a los 41 periodistas asesinados o caídos cuando cumplían sus funciones de informar.

Asia, con 517 agredidos o amenazados y 328 detenidos, está a la par con el continente americano, con al menos 16 periodistas muertos, entre ellos seis en Filipinas, tres en Sri Lanka, dos en China. Otras muertes se registraron en la India y Pakistán.

En África hubo tres. En la antigua Unión Soviética, hubo tres periodistas asesinados, entre ellos una famosa profesional en un hecho que sacudió al país, para un total de 21 periodistas asesinados desde la llegada al poder del presidente Vladimir Putin, en marzo de 2000.

Reporteros Sin Fronteras resaltó que internet está "estrechamente controlado" en varios países, sobresaliendo entre ellos Arabia Saudita, Bielorrusia, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán y Vietnam, donde han sido llevados a prisión algunos bloggers y ciberdisidentes.

En el 2006 también se registraron docenas de episodios de agresiones físicas contra periodistas, atentados contra medios de comunicación, secuestros y amenazas en prácticamente toda América Latina, así como varios actos de censura previa.

Muchos periodistas enfrentan además procesos penales por delitos como desacato, difamación o injuria, y algunos tribunales, incluida una Corte Suprema, han condenado a pena de prisión a periodistas en estos casos, restringiendo la libertad de expresión y desconociendo la doctrina y jurisprudencia en la materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos procesos penales contra periodistas se suman procesos administrativos contra medios de comunicación.

Según el relator Ignacio Alvarez, existe una creciente tendencia a la intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos de la región.